Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres (iGOPP): Informe Nacional de Panamá

Fecha
Oct 2015
La República de Panamá cuenta con una estructura para la gestión del riesgo que inició bajo el esquema de Protección Civil característico de la institucionalidad latinoamericana entre los años 1960 y 2000, y que luego fue evolucionando hacia esquemas más participativos y desconcentrados. En 2005 se adoptó una ley que introdujo una visión preventiva, aunque manteniendo un énfasis en la preparación y la respuesta, y en 2010, con la inspiración dada por la Política Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (PCGIR), el país aprobó, por decreto ejecutivo, una Política Nacional en la cual se integraron elementos novedosos, más participativos y con una visión de responsabilidades extendida a todos los actores públicos. En este sentido, Panamá puede ser considerado un país en un proceso de transición activa, donde aún la normatividad de mayor fuerza jurídica se soporta en una vision centralizada dentro de la estructura institucional y territorial. Esta visión tiene su origen en el enfoque orientado a la respuesta que primaba en el contexto histórico en que se establecen las primeras normativas. La reforma del año 2005 no alcanzó a generar una orientación claramente preventiva ni participativa. Los resultados de la aplicación del iGOPP en Panamá (2013) arrojan un nivel general de avance del 32.93%, considerado dentro del rango incipiente en la clasificación propuesta por este índice. El análisis de los resultados por componentes de política pública para la GRD (ver Gráfico 1) revela progresos diferenciales que van del nivel bajo para el grupo de indicadores de "identificación y conocimiento del riesgo" (15%), hasta notable para el componente de "marco general de gobernabilidad" (cumplimiento del 71%). "protección financiera" se ubica en el rango apreciable (41%), mientras que "preparativos para la respuesta" (32%) y "reducción del riesgo" (38%) se ubican en el nivel incipiente. Por su parte, el nivel más bajo (0%), lo obtuvo el componente de "planificación de la recuperación post-desastre", en el cual se evidencia que el país no cuenta con normatividad expresa que oriente los procesos de rehabilitación y reconstrucción. Por otro lado, el análisis general desde la dimensión de las fases de la política pública muestra un nivel incipiente para las fases de "definición de responsabilidades territoriales" (40%), "definición de responsabilidades sectoriales" (40%), "coordinación y articulación central de la política" (38%) y de "control, rendición de cuentas y participación" (32%). Finalmente, en un rango de avance calificado por el iGOPP como bajo, se ubican los aspectos relacionados con "evidencias de progreso en la implementación" (15%).