Transferencias monetarias, pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe
Fecha
Oct 2023
Evaluamos los sistemas de transferencias monetarias no contributivas en 17 países de América Latina y el Caribe para identificar factores que les impiden reducir la pobreza y la desigualdad. Para realizar esta evaluación, analizamos tres dimensiones de tamaño (número de beneficiarios, tamaño de la transferencia por beneficiario y tamaño del presupuesto total) y tres dimensiones de focalización (cobertura, filtración y calidad de la focalización demográfica).
Identificamos 67 programas, que se dividen en tres categorías amplias: transferencias monetarias condicionadas, pensiones no contributivas y otras transferencias. Utilizamos una línea de pobreza internacional de 6,85 dólares PPA por día (similar a la línea de pobreza nacional promedio de los países de ingresos medianos altos) y ajustamos las ponderaciones de las encuestas para corregir el hecho de que los datos de las encuestas de hogares a menudo subestiman el número oficial de beneficiarios de transferencias en comparación a fuentes administrativas. Mostramos que dos factores clave limitan el efecto de los programas de transferencias monetarias sobre la pobreza y la desigualdad: el pequeño tamaño de sus transferencias y la histórica subcobertura de la población que vive en pobreza. Las transferencias representan aproximadamente el 33% de la brecha de pobreza. Además, solo el 55% de la población que vive en situación de pobreza se beneficia de estos programas. El 41% de las personas que viven en hogares que reciben al menos una transferencia no contributiva se encuentran por encima de la línea de pobreza. Los niños y los pueblos indígenas están subrepresentados, en relación con su tasa de pobreza, en las listas de beneficiarios. Brasil, Surinam, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay obtienen consistentemente las puntuaciones más altas en todas las categorías de evaluación. Nuestras recomendaciones de políticas incluyen: (i) intensificar los esfuerzos para aumentar la cobertura entre los pobres, utilizando técnicas modernas de mapeo de la pobreza junto con búsquedas activas sobre el terreno y (ii) recertificar la elegibilidad para programas de transferencias con mayor frecuencia mediante el uso de datos administrativos y registros sociales altamente interoperables. Ambos esfuerzos son necesarios para crear sistemas de protección de ingresos más eficientes que aborden tanto la pobreza estructural como la transitoria.
Identificamos 67 programas, que se dividen en tres categorías amplias: transferencias monetarias condicionadas, pensiones no contributivas y otras transferencias. Utilizamos una línea de pobreza internacional de 6,85 dólares PPA por día (similar a la línea de pobreza nacional promedio de los países de ingresos medianos altos) y ajustamos las ponderaciones de las encuestas para corregir el hecho de que los datos de las encuestas de hogares a menudo subestiman el número oficial de beneficiarios de transferencias en comparación a fuentes administrativas. Mostramos que dos factores clave limitan el efecto de los programas de transferencias monetarias sobre la pobreza y la desigualdad: el pequeño tamaño de sus transferencias y la histórica subcobertura de la población que vive en pobreza. Las transferencias representan aproximadamente el 33% de la brecha de pobreza. Además, solo el 55% de la población que vive en situación de pobreza se beneficia de estos programas. El 41% de las personas que viven en hogares que reciben al menos una transferencia no contributiva se encuentran por encima de la línea de pobreza. Los niños y los pueblos indígenas están subrepresentados, en relación con su tasa de pobreza, en las listas de beneficiarios. Brasil, Surinam, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay obtienen consistentemente las puntuaciones más altas en todas las categorías de evaluación. Nuestras recomendaciones de políticas incluyen: (i) intensificar los esfuerzos para aumentar la cobertura entre los pobres, utilizando técnicas modernas de mapeo de la pobreza junto con búsquedas activas sobre el terreno y (ii) recertificar la elegibilidad para programas de transferencias con mayor frecuencia mediante el uso de datos administrativos y registros sociales altamente interoperables. Ambos esfuerzos son necesarios para crear sistemas de protección de ingresos más eficientes que aborden tanto la pobreza estructural como la transitoria.
