Regímenes de política migratoria en América Latina y el Caribe: inmigración, libre movilidad regional, refugio y nacionalidad
Fecha
Jul 2022
Este informe presenta y describe una nueva base de datos generada en torno a cuarenta indicadores que caracterizan los regímenes migratorios de los 26 países de América Latina y el Caribe que son miembros prestatarios del BID. Los indicadores permiten realizar una comparación multidimensional de dichos regímenes, identificar patrones subregionales, y observar tendencias en la evolución reciente de estas políticas.
Los indicadores se agrupan en seis áreas: instrumentos internacionales que cubren la participación de cada país en tratados y acuerdos multilaterales; instrumentos regionales que analizan la participación de los países en acuerdos a nivel de las Américas y sus subregiones; derecho a la entrada con exención de visado que mide la exigencia de visados para entrar al país; acceso a la residencia que abarca preferencias en el otorgamiento de permisos de residencia y procesos de regularización de migrantes en situación irregular; derechos durante la residencia que investigan el acceso de migrantes a servicios de salud y educación, al mercado laboral, al sufragio, así como a la residencia permanente; y nacionalidad que miden como se obtiene la nacionalidad de un país en el momento del nacimiento o, posteriormente, mediante la naturalización, así como la posibilidad de ostentar dos nacionalidades.
El valor asignado a cada indicador para cada país está sustentado por una referencia a los instrumentos jurídicos que definen la política en cuestión y, en la mayoría de los indicadores, se acompaña de un texto con información adicional que explica el caso en concreto. Esta es una base de datos única para la región y se encuentra incluida en el Anexo II de este informe. También se puede acceder a la misma a través de la página web de la Unidad de Migraciones del BID.
Los principales hallazgos del análisis de la base de datos son:
Se observa un emergente régimen jurídico migratorio latinoamericano del siglo XXI. Este se caracteriza por la adopción de nuevas leyes de migración, generalmente acompañadas por esquemas subregionales de movilidad como el Acuerdo de Residencia Mercosur, Bolivia y Chile, y más recientemente el Estatuto Andino. Este nuevo modelo del siglo XXI incluye generalmente mecanismos permanentes de regularización de migrantes, el derecho de acceso al mercado laboral, los sistemas de salud pública, la educación pública, así como el derecho de reunificación familiar. Esto se ve complementado con un mayor acceso al derecho al voto, al menos en elecciones locales. Si bien hasta la fecha no se observa que este modelo latinoamericano haya tenido influencia en el Caribe, el mismo está claramente arraigado en las otras tres subregiones.
La regularización de migrantes en situación irregular, tanto a través de mecanismos permanentes establecidos en las leyes, como a través de programas extraordinarios de regularización, es absolutamente común en América Latina, aunque no así en el Caribe. Los países de la región han llevado a cabo más de 90 regularizaciones extraordinarias desde el año 2000.
Muchos de los países ofrecen acceso preferencial a la residencia permanente para migrantes de ciertos países de la región que cumplan criterios básicos, y, en algunos casos, trato preferencial para la nacionalización. Los únicos países que no permiten la residencia de manera casi automática para nacionales de al menos otro país de la región son Bahamas y Haití en el Caribe, así como Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y México en Mesoamérica.
El porcentaje de ratificación de los instrumentos internacionales, al igual que los instrumentos regionales, es muy alto en Latinoamérica, pero mucho menor a nivel subregional en el Caribe.
Los acuerdos de libre residencia y movilidad regional se han convertido es un instrumento absolutamente común en el panorama legislativo de la región, e influyen sobre muchos aspectos de la política migratoria, tales como acceso al mercado laboral o reunificación familiar.
El país que requiere visas a los nacionales de más estados en la región es Venezuela con 11, seguido de México con nueve. El caso venezolano puede explicarse por su aplicación del principio de reciprocidad con los estados que solicitan visa a sus nacionales. El hecho de ser un país de tránsito hacia los Estados Unidos para algunos migrantes puede explicar el caso mexicano.
El estado cuyos nacionales requieren visa en más países de la región es Haití, seguido de Venezuela y República Dominicana.
En el desarrollo de la base de datos a través de los 40 indicadores se han analizado más de 435 instrumentos jurídicos de los 26 países, los cuales definen su política migratoria. El análisis de este compendio de leyes, reglamentos, decretos, ordenes administrativas, y demás instrumentos demuestra que:
La edad promedio de los instrumentos jurídicos vigentes en países andinos y del Cono Sur es de 8-15 años, lo cual se compara con los 25-30 años en Mesoamérica y el Caribe. Esto demuestra una mayor labor legislativa sobre la materia en dichas dos subregiones en los últimos años.
En algunas áreas, tales como la regulación del régimen de visas o los procesos extraordinarios de regularización de migrantes en situación irregular, la actividad legislativa se apoya principalmente en decretos y ordenes administrativas adoptadas por el poder ejecutivo sin intervención de los parlamentos. Esto genera reglas con menor estabilidad y certeza jurídica para todos los actores involucrados: migrantes, administración, poder judicial y otros.
Esta base de datos de indicadores e instrumentos jurídicos es parte de un esfuerzo de la Unidad de Migraciones del BID de contar con información y evaluación comparada de los regímenes de política migratoria en los países de la región entre otros insumos jurídicos e institucionales. La Unidad mantendrá la base de datos actualizada con el objetivo de que se convierta en un punto de referencia fundamental para la región.
Los indicadores se agrupan en seis áreas: instrumentos internacionales que cubren la participación de cada país en tratados y acuerdos multilaterales; instrumentos regionales que analizan la participación de los países en acuerdos a nivel de las Américas y sus subregiones; derecho a la entrada con exención de visado que mide la exigencia de visados para entrar al país; acceso a la residencia que abarca preferencias en el otorgamiento de permisos de residencia y procesos de regularización de migrantes en situación irregular; derechos durante la residencia que investigan el acceso de migrantes a servicios de salud y educación, al mercado laboral, al sufragio, así como a la residencia permanente; y nacionalidad que miden como se obtiene la nacionalidad de un país en el momento del nacimiento o, posteriormente, mediante la naturalización, así como la posibilidad de ostentar dos nacionalidades.
El valor asignado a cada indicador para cada país está sustentado por una referencia a los instrumentos jurídicos que definen la política en cuestión y, en la mayoría de los indicadores, se acompaña de un texto con información adicional que explica el caso en concreto. Esta es una base de datos única para la región y se encuentra incluida en el Anexo II de este informe. También se puede acceder a la misma a través de la página web de la Unidad de Migraciones del BID.
Los principales hallazgos del análisis de la base de datos son:
Se observa un emergente régimen jurídico migratorio latinoamericano del siglo XXI. Este se caracteriza por la adopción de nuevas leyes de migración, generalmente acompañadas por esquemas subregionales de movilidad como el Acuerdo de Residencia Mercosur, Bolivia y Chile, y más recientemente el Estatuto Andino. Este nuevo modelo del siglo XXI incluye generalmente mecanismos permanentes de regularización de migrantes, el derecho de acceso al mercado laboral, los sistemas de salud pública, la educación pública, así como el derecho de reunificación familiar. Esto se ve complementado con un mayor acceso al derecho al voto, al menos en elecciones locales. Si bien hasta la fecha no se observa que este modelo latinoamericano haya tenido influencia en el Caribe, el mismo está claramente arraigado en las otras tres subregiones.
La regularización de migrantes en situación irregular, tanto a través de mecanismos permanentes establecidos en las leyes, como a través de programas extraordinarios de regularización, es absolutamente común en América Latina, aunque no así en el Caribe. Los países de la región han llevado a cabo más de 90 regularizaciones extraordinarias desde el año 2000.
Muchos de los países ofrecen acceso preferencial a la residencia permanente para migrantes de ciertos países de la región que cumplan criterios básicos, y, en algunos casos, trato preferencial para la nacionalización. Los únicos países que no permiten la residencia de manera casi automática para nacionales de al menos otro país de la región son Bahamas y Haití en el Caribe, así como Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y México en Mesoamérica.
El porcentaje de ratificación de los instrumentos internacionales, al igual que los instrumentos regionales, es muy alto en Latinoamérica, pero mucho menor a nivel subregional en el Caribe.
Los acuerdos de libre residencia y movilidad regional se han convertido es un instrumento absolutamente común en el panorama legislativo de la región, e influyen sobre muchos aspectos de la política migratoria, tales como acceso al mercado laboral o reunificación familiar.
El país que requiere visas a los nacionales de más estados en la región es Venezuela con 11, seguido de México con nueve. El caso venezolano puede explicarse por su aplicación del principio de reciprocidad con los estados que solicitan visa a sus nacionales. El hecho de ser un país de tránsito hacia los Estados Unidos para algunos migrantes puede explicar el caso mexicano.
El estado cuyos nacionales requieren visa en más países de la región es Haití, seguido de Venezuela y República Dominicana.
En el desarrollo de la base de datos a través de los 40 indicadores se han analizado más de 435 instrumentos jurídicos de los 26 países, los cuales definen su política migratoria. El análisis de este compendio de leyes, reglamentos, decretos, ordenes administrativas, y demás instrumentos demuestra que:
La edad promedio de los instrumentos jurídicos vigentes en países andinos y del Cono Sur es de 8-15 años, lo cual se compara con los 25-30 años en Mesoamérica y el Caribe. Esto demuestra una mayor labor legislativa sobre la materia en dichas dos subregiones en los últimos años.
En algunas áreas, tales como la regulación del régimen de visas o los procesos extraordinarios de regularización de migrantes en situación irregular, la actividad legislativa se apoya principalmente en decretos y ordenes administrativas adoptadas por el poder ejecutivo sin intervención de los parlamentos. Esto genera reglas con menor estabilidad y certeza jurídica para todos los actores involucrados: migrantes, administración, poder judicial y otros.
Esta base de datos de indicadores e instrumentos jurídicos es parte de un esfuerzo de la Unidad de Migraciones del BID de contar con información y evaluación comparada de los regímenes de política migratoria en los países de la región entre otros insumos jurídicos e institucionales. La Unidad mantendrá la base de datos actualizada con el objetivo de que se convierta en un punto de referencia fundamental para la región.
