IDB-9: Evaluación de los compromisos del IDB-9 para Haití
Fecha
Mar 2013
El objetivo del presente informe es evaluar la implementación plena y efectiva del apoyo del Banco a Haití tras el terremoto de 2010, en cumplimiento de los mandatos del IDB9, que incluyeron la condonación plena de la deuda, la entrega de recursos concesionales durante 2010 y la ampliación de la Facilidad no Rembolsable del Banco (IDBGF), con el fin de proporcionar a Haití US$200 millones anuales durante un período de 10 años (2011-2020), sujeto a la aprobación anual de los Gobernadores. La evaluación confirma que los mandatos financieros incluidos en el IDB9 fueron cumplidos. El Banco condonó la deuda de Haití y transfirió recursos al IDBGF con el fin de aprobar donaciones al país por un monto superior a lo establecido y que se situó en US$231,6 millones para 2010. Durante 2011 y 2012 el Banco realizó transferencias del Capital Ordinario (CO) al IDBGF por US$200 millones anuales. El Banco financió un programa por un monto superior a las transferencias realizadas, alcanzando US$231,0 millones y US$228,0 millones, respectivamente. En relación con su rol de catalizador de recursos de otros donantes, la actividad ha sido intensa y el Banco ha apalancado en el período 2010-2012 un monto de US$136 millones. Esta cifra sin embargo es relativamente inferior a la lograda durante el período anterior al terremoto y los montos anuales captados han disminuido. Respecto a la tarea de coordinación de donantes, los esfuerzos de la cooperación internacional han resultado insuficientes frente a los retos del país y a la capacidad real de dirección y ejecución del gobierno de Haití. En este contexto la labor de coordinación sectorial del Banco en algunos sectores clave es reconocida y apreciada positivamente. La estrategia de intervención aprobada por el Banco privilegió las tareas a largo plazo en los sectores donde ya venia actuando frente a las de reconstrucción, con metas muy ambiciosas frente a la limitada capacidad de gestión del GoH. Los problemas de ejecución, tales como la baja calidad en los diseños y estudios de pre-inversión, y la baja capacidad de ejecución y supervisión de las unidades ejecutoras, han limitado los resultados de estos programas. Los nuevos programas para el desarrollo del polo norte del país y el apoyo institucional a nivel sectorial conllevan riesgos que demandan atención oportuna para garantizar los resultados a largo plazo de la intervención. Por su parte, la urgencia por aprobar y desembolsar US$200 millones al año durante 10 años, si bien abre nuevas oportunidades para plantear una estrategia con el país a largo plazo, conspira contra la complejidad y lentitud de los procesos de construcción institucional, y ejerce una presión sobre los especialistas del Banco y del país que no siempre se transfiere ni en desembolsos ni en acciones efectivas para avanzar en la superación de los problemas de la sociedad haitiana. Haití continúa siendo un reto de primer orden para el BID y la coordinación internacional es vital para lograr avanzar en la superación de los urgentes problemas de pobreza y de bajo crecimiento económico. Al respecto, OVE considera que la acción del Banco en Haití será más efectiva en la medida que ancle su actividad en un diagnóstico de las limitaciones asociadas a las condiciones de fragilidad del país, redefina las metas y resultados sectoriales acorde con el contexto e incluya atención especial a las tareas de reconstrucción. Finalmente, armonizar las aprobaciones y desembolsos con las efectivas condiciones de ejecución de las agencias, y respetar los plazos necesarios para apoyar la construcción institucional del país a través de una estrategia de asignación segmentada, permitiría garantizar el apoyo sostenido y de largo plazo del Banco.