Políticas agropecuarias en Uruguay: Cuantificación de los apoyos específicos en 2017-2020 y su vinculación con las emisiones de gases de efecto invernadero

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Fecha de emisión
May 2022
Entre 2017 y 2020, el total de apoyos anuales debidos a políticas públicas que recibió el sector agropecuario de Uruguay promedió casi USD 430 millones, lo que equivale al 0,76% del PIB de la economía. En esta publicación se incorporaron nuevas partidas en el cálculo de apoyos y se logró recabar información más precisa, de ahí la diferencia con la estimación anterior (2012-2106) que era del entorno de los USD 315 millones anuales (0,6% del PIB). Uruguay sigue presentando una estructura de apoyos concentrada en servicios generales a la agricultura, sin embargo, en este período se incorporaron nuevos datos de apoyos directos y vía precios (esto sin implicar cambios de políticas, sino por contar con mejor información), lo que redujo la participación de los servicios generales en el apoyo total del 63% al 41% (USD 180 millones anuales en promedio). Los apoyos a precios representaron el 34% y los directos el 25%.
En la comparación internacional de apoyos al sector agropecuario, Uruguay al igual que otros países con sectores agropecuarios competitivos en los mercados internacionales se encuentra dentro del grupo de bajos niveles de apoyos en relación con el valor agregado sectorial y de los ingresos percibidos por los productores. De esta manera, se alinea con países como Brasil, Australia, Nueva Zelanda y Chile. El EAP representó un promedio de 4,9 % de los ingresos percibidos por el sector agropecuario, por debajo de los niveles observados en el promedio de América Latina y el Caribe (12,5 %), y sustancialmente por debajo de los apoyos brindados en los países de la OCDE (18 %).
Se profundizó el análisis de los apoyos por productos y su contribución al total de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que permitió concluir que las políticas agropecuarias que generan diferencias entre los precios al productor y la referencia internacional están dirigidas a actividades con menor impacto en el cambio climático en el país.