Perfil de riesgo de desastres por evento sísmico de Ecuador

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Fecha
Aug 2020
La gestión del riesgo de desastres es una de las actividades fundamentales de los gobiernos de países que se encuentran en zonas de alta amenazas a fenómenos de la naturaleza como sismos o eventos hidro-meteorológicos. La experiencia reciente ha demostrado que es posible reducir considerablemente los impactos generados por eventos catastróficos en términos de daños a la infraestructura, pérdidas económicas y afectaciones humanas, implementando medidas de mitigación del riesgo, protección financiera y planes y acciones para las emergencias y reconstrucciones. Para esto es necesario contar con información confiable para estimar las amenazas, el inventario de activos expuestos y la vulnerabilidad de las tipologías constructivas dominantes; componentes con los cuales se llevan a cabo las evaluaciones probabilistas del riesgo. La evaluación del riesgo proporciona información sobre los eventuales impactos de desastres y la efectividad de las diferentes opciones de reducción o mitigación.
Ecuador cuenta con registros históricos de sismos de gran magnitud debido a su localización, donde los procesos de subducción son predominantes y tienen el potencial de generar terremotos de altas magnitudes a cortas distancias de centros poblados, afectando drásticamente la infraestructura, la población y la economía del país .
Los registros históricos indican que en los últimos 500 años se han presentado varios eventos con alto número de víctimas fatales y considerables pérdidas económicas. Sismos como el de 1797 o los de 1868 que generaron aproximadamente 40 mil y 70 mil víctimas y los sismos de 1987 y el de 2016 con pérdidas económicas estimadas en US$1.000 millones de dólares . Estos eventos han generado importantes impactos en la economía del país y en los niveles de desarrollo, con situaciones de emergencia de difícil superación y largos procesos de recuperación y reconstrucción. El Banco Interamericano de Desarrollo mediante el fondo especial japones aprobó la cooperación técnica “Apoyo para garantizar la resistencia de los sistemas de infraestructura y de servicios públicos después del terremoto en Ecuador” en el 2016, para generar un plan de acción que implementen medidas de resiliencia sísmica en la infraestructura y servicios públicos ante posibles eventos futuros.