Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres (iGOPP): Informe nacional: Uruguay

Accesible PDF image
Fecha de emisión
Oct 2015
Uruguay cuenta con un marco normativo impulsado por la Ley No. 18.621 que crea el "Sistema Nacional de Emergencias", publicada el 17 de noviembre de 2009, y que a la fecha no ha sido reglamentada. La Ley del SINAE, junto a la Ley No 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, publicada del 18 de junio de 2008, y Política Nacional de Aguas, publicada el 2 de octubre de 2009, brindan un primer marco de condiciones normativas a partir de las cuales el país ha avanzado en la inclusión de la gestión del riesgo de desastres en la agenda del gobierno en los últimos siete años.Los resultados de la aplicación del iGOPP en Uruguay (2014) arrojan un nivel general de avance del 20.4%, prácticamente en el límite entre el rango de desarrollo bajo y el de desarrollo incipiente, de acuerdo a la clasificación propuesta por este índice. El análisis de los resultados por componentes de política pública para la GRD revela progresos diferenciales que van del nivel apreciable para el para el componente de marco general de gobernabilidad (cumplimiento del 51%), hasta un nivel de avance bajo, para los componentes de identificación y conocimiento del riesgo (12%); protección financiera (6%) y el componente de planificación de la recuperación post-desastre ( 5%). En un rango correspondiente al nivel incipiente se ubican los componentes reducción del riesgo (26%) y preparativos para la respuesta (22%).
Por otro lado, el análisis general desde la dimensión de las fases de la política pública muestra un nivel apreciable para la fase de definición de responsabilidades territoriales (42%); y niveles de avance incipientes para las fases de coordinación y articulación central de la política y control, rendición de cuentas y participación (ambas con un 22%). Finalmente, en un rango de avance bajo, de acuerdo a la calificación del iGOPP, se ubican los aspectos relacionados con definición de responsabilidades sectoriales (10%) y con evidencias de progreso en la implementación (6%).