Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres (iGOPP): Informe nacional: Chile

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Fecha de emisión
Aug 2015
Chile cuenta con una estructura para la gestión del riesgo que inició bajo el esquema reactivo característico de la institucionalidad Latinoamericana entre los años 1960 y 2000, y que luego fue evolucionando hacia esquemas más ligados a enfoques ex-ante en preparación para la respuesta, promoción de la prevención o gestión del riesgo y desconcentración.La Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) fue creada por el Decreto Ley 369 del 18 de marzo de 1974, dependiente del Ministerio del Interior, con la responsabilidad original de planificar, coordinar y ejecutar las actividades destinadas a prevenir o solucionar los problemas derivados de sismos o catástrofes. El Decreto Ley también establece que corresponderá a la Oficina Nacional de Emergencia durante las situaciones de catástrofes, sismos o calamidades públicas, la coordinación de las actividades de cualquier otro organismo público o privado que tenga relación con la solución de los problemas derivados de estas emergencias.
Los resultados de la aplicación del iGOPP en Chile muestran un nivel de cumplimiento del 28,57%, considerado dentro del rango incipiente en la clasificación establecida para este índice. Los resultados por componentes de reforma de política pública para la GRD revelan una situación homogénea, con dos componentes en el rango de "bajo", Identificación y conocimiento del riesgo (19%) y Protección financiera (5%). Por otro lado tres componentes se encuentran en un nivel "incipiente": Reducción de riesgo (37%), Planificación de la recuperación post-desastre (37%) y Marco General (30%). El único componente que alcanza un nivel "apreciable" es Preparativos para la respuesta (44%).
Por otro lado, el análisis general desde la dimensión de las fases de la política pública muestra un comportamiento similar, en donde dos fases se encuentran en nivel "bajo": Evidencias del progreso en la implementación (20%) y Coordinación y articulación central de la política (18%); y dos en nivel "incipiente": definición de responsabilidades sectoriales (29%) y control, rendición de cuentas y participación (33%). Por último, la fase definición de responsabilidades territoriales (43%), alcanza un nivel "apreciable".