Construyendo resiliencia: avances y desafíos de la protección social adaptativa

América Latina y el Caribe (ALC) enfrentan un nuevo panorama de riesgos sistémicos como desastres de origen natural, cambio climático, crisis económicas, sanitarias y migratorias que se suman a los tradicionales del ciclo de vida. La región es la segunda más afectada del mundo por desastres, con más de 1.300 eventos entre 2000 y 2022 que impactaron a 190 millones de personas. Sequías, inundaciones y huracanes han generado pérdidas económicas, daños a la infraestructura y un aumento de la inseguridad alimentaria. Estas crisis, junto con la desigualdad estructural y la alta informalidad, afectan con mayor severidad a los hogares pobres y vulnerables. En este contexto, fortalecer y adaptar los sistemas de protección social es esencial para responder de forma efectiva a los choques múltiples y mejorar la resiliencia de las poblaciones más vulnerables.
El Modelo de Madurez evalúa la capacidad de los sistemas de protección social para responder a choques y fortalecer la resiliencia y adaptación de los hogares frente al cambio climático y otros eventos adversos. Los resultados del análisis muestran que los países de la región alcanzan, en promedio, un 54% de madurez en Protección Social Adaptativa (PSA), con los mayores niveles observados en Brasil (71%), Chile (70%), República Dominicana (64%) y Perú (63%). Si bien estos resultados reflejan avances importantes, ningún país supera el 80%, lo que evidencia que aún queda un largo camino por recorrer. Las dimensiones con mayores progresos son las de capacidad de gestión y coordinación interinstitucional (65%) y gobernanza y financiamiento (62%), impulsadas por la experiencia acumulada en la implementación de programas de transferencias monetarias y por la reciente creación de marcos normativos y estrategias nacionales en PSA. En contraste, las dimensiones con menores avances son protección social informada (42%) y cobertura y adaptación (44%), donde persisten importantes brechas en el uso de datos, integración con sistemas de alerta temprana y extensión de la cobertura de programas regulares, especialmente de seguros de desempleo y servicios de cuidado.
El estudio confirma que una mayor madurez en PSA se traduce en respuestas más rápidas y eficaces ante choques y desastres, como se observó durante la pandemia de COVID-19, cuando los países más avanzados (Brasil, Chile, Perú, República Dominicana) lograron desplegar apoyos en menor tiempo. También revela una alta correlación entre el gasto social y la madurez en PSA, reforzando el vínculo estrecho entre la solidez de los sistemas regulares de protección social y su capacidad adaptativa. Mirando hacia el futuro, es esencial que los países sigan invirtiendo en cada uno de los siete componentes analizados. Esto permitirá consolidar sistemas de protección social verdaderamente adaptativos, capaces de proteger a la población más vulnerable y reforzar su resiliencia frente a los riesgos crecientes del siglo XXI.