Cómo mejorar la efectividad del Estado en América Latina y el Caribe
Fecha de emisión
Febrero 2026
Tema
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción;
Producto Interno Bruto;
Confianza;
Tecnología Digital;
Inversión;
Presupuesto;
Auditoría;
Servicio Público;
Administración Pública;
Inteligencia Artificial;
Sector Público;
Administración de Justicia;
Desarrollo de Infraestructura;
Empleo Público;
Regulación;
Salvaguardia;
Gasto Público
Código JEL
D73 - Bureaucracy • Administrative Processes in Public Organizations • Corruption;
H11 - Structure, Scope, and Performance of Government;
H83 - Public Administration • Public Sector Accounting and Audits;
N46 - Latin America • Caribbean;
P48 - Political Economy • Legal Institutions • Property Rights • Natural Resources • Energy • Environment • Regional Studies
Categoría
Materiales de Aprendizaje
Este documento presenta el Marco de Efectividad del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo, que describe las capacidades institucionales que los gobiernos de América Latina y el Caribe requieren para diseñar políticas sólidas, gestionar los recursos de manera eficiente, hacer cumplir las normas de forma imparcial y prestar servicios públicos de alta calidad. La efectividad del Estado se describe como un elemento esencial para promover el crecimiento económico, reducir la desigualdad, fortalecer la resiliencia climática y reconstruir la confianza ciudadana. Sin embargo, la región ha experimentado retrocesos en la efectividad gubernamental, el estado de derecho y el desempeño institucional. El informe identifica cuatro áreas estratégicas para fortalecer la efectividad del Estado: (1) la generación y asignación de recursos, abordando la débil capacidad fiscal, las rigideces presupuestarias y la planificación fragmentada; (2) la gestión de la administración pública, fortaleciendo la profesionalización del servicio civil, la transformación digital, los sistemas de adquisiciones, la gestión de activos y la calidad de los datos; (3) los marcos regulatorios adaptativos, promoviendo la regulación basada en evidencia, la simplificación administrativa y una mayor coherencia regulatoria; y (4) la supervisión, el cumplimiento y la aplicación, mejorando la transparencia, los sistemas de integridad, la capacidad de auditoría, los mecanismos anticorrupción y el acceso a la justicia. El BID se posiciona como un socio estratégico para los gobiernos, ofreciendo instrumentos financieros, asistencia técnica y orientación de política pública para fortalecer la capacidad institucional tanto a nivel central como subnacional. Estos esfuerzos buscan traducir las prioridades nacionales en una implementación efectiva y en resultados tangibles para la ciudadanía.
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