Análisis comparativo de los resultados de la política fiscal sobre la pobreza y la desigualdad en El Salvador durante 2011, 2013, 2015 y 2017 empleando la metodología del Compromiso con la Equidad (CEQ)
Fecha
Sep 2020
Para medir los efectos de la política fiscal, este estudio aplica a El Salvador la metodología desarrollada por el proyecto “Compromiso por la Equidad”, de la Universidad de Tulane. Realizando una valoración global de sistema, que incluye impuestos y transferencias, se encontró que el efecto igualador de la política fiscal es favorable, es decir reduce la desigualdad de ingreso; no obstante, empleando el umbral de pobreza de US$3.2 PPA al día, se encontró que el sistema fiscal pasó de disminuir la pobreza a aumentarla. En 2011, la acción del Estado disminuía la pobreza en -0.7%; pero, en 2017 condujo a que la pobreza se incrementará en 0.5%.
Aunque durante esos años el fisco transitó por una etapa de corrección del desbalance fiscal, que sumó 1.9% del PIB, el debilitamiento del efecto de la política fiscal en la reducción de la pobreza no se debe a un recorte del gasto social o falta de disponibilidad de recursos por medio de nuevo endeudamiento u ingresos tributarios adicionales, sino al descenso en la eficiencia y en la concentración de los recursos públicos que llegan hasta los estratos más pobres. Los recursos destinados hacia la educación y la salud pública, que son la parte más significativa de los gastos sociales, en conjunto se mantuvieron como porcentaje del PIB, (8.2% en 2011, y 8.5% del PIB en 2017) pero lo que efectivamente alcanzó a los estratos en pobreza disminuyó, pasando de 20.7% a 6.1% en esos años. Aumentar las oportunidades de los más vulnerables requiere de un mejor diseño en el acceso de los apoyos gubernamentales por parte de los más pobres.
Aunque durante esos años el fisco transitó por una etapa de corrección del desbalance fiscal, que sumó 1.9% del PIB, el debilitamiento del efecto de la política fiscal en la reducción de la pobreza no se debe a un recorte del gasto social o falta de disponibilidad de recursos por medio de nuevo endeudamiento u ingresos tributarios adicionales, sino al descenso en la eficiencia y en la concentración de los recursos públicos que llegan hasta los estratos más pobres. Los recursos destinados hacia la educación y la salud pública, que son la parte más significativa de los gastos sociales, en conjunto se mantuvieron como porcentaje del PIB, (8.2% en 2011, y 8.5% del PIB en 2017) pero lo que efectivamente alcanzó a los estratos en pobreza disminuyó, pasando de 20.7% a 6.1% en esos años. Aumentar las oportunidades de los más vulnerables requiere de un mejor diseño en el acceso de los apoyos gubernamentales por parte de los más pobres.