Justicia más eficiente: Evaluación del impacto de la transición hacia los procesos orales en Ecuador
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Sep 2018
El nuevo Código Orgánico General de Procesos (COGEP), que comenzó a aplicarse el 23 de mayo de 2016 en Ecuador, establece la oralidad en todas las vías procesales judiciales, exceptuando los procesos en materia penal. Se trata de una reforma orientada a agilizar el funcionamiento de la justicia y a reducir los costos que los largos litigios implican para la administración de justicia y para los ciudadanos, a fin de lograr una resolución de conflictos eficiente y oportuna, y mejorar la seguridad jurídica. Como parte del proceso de implementación de la reforma, se llevó a cabo un curso de capacitación que incluye a funcionarios judiciales, abogados y ciudadanos, y el equipamiento de salas de audiencia con la tecnología y la infraestructura necesarias para la grabación de audiencias. El objetivo de esta investigación es estimar el impacto de la transición hacia un sistema de procesos judiciales orales, incluida la capacitación que esta reforma implica, sobre la eficiencia de los procesos judiciales. Los resultados arrojan efectos positivos estadísticamente significativos en la eficiencia de la justicia y una reducción de la cantidad de litigios. En términos generales, el proceso oral redujo en al menos un 25% el tiempo de duración promedio (en días) de una causa. Este efecto varía por materia y tipo de resolución. Las causas de familia, laborales y civiles son las que más se beneficiaron con una reducción de al menos un 31%, un 20% y un 14% en el plazo de duración, respectivamente. Además, los resultados indican que si bien el impacto del COGEP es positivo al considerar tanto a los jueces que finalizaron el proceso de capacitación en “habilidades blandas” y difusión del COGEP como a los jueces que no lo terminaron o no participaron del mismo, la magnitud del efecto es mayor para el primer grupo de jueces. La principal diferencia se encuentra en el tiempo de resolución de una causa, ya que la duración promedio de una causa tratada por jueces que finalizaron la capacitación es entre un 50% y un 80% menor que en el caso de las causas manejadas por jueces que no participaron de la capacitación o no la finalizaron.