Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres (iGOPP): Informe Nacional de Perú
Date
Oct 2015
El Perú es uno de los países de la región que ha experimentado recientemente uno de los más significativos y profundos procesos de modernización del marco normativo e institucional en materia de gestión del riesgo de desastres (GRD), y donde las inversiones públicas explícitas en esta materia han tenido mayor dinamismo. Como consecuencia de una maduración conceptual donde el riesgo de desastres es entendido como un problema esencialmente del desarrollo y con la consecuente convergencia de actores clave del más alto nivel político, el Perú logró en 2011 la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) a través de la Ley Nº. 29664 y de su Reglamento. Actualmente el país enfrenta el desafío histórico de fortalecer y consolidar la institucionalidad recién creada para estos fines. Los resultados de la aplicación del iGOPP en Perú (2013) arrojan un nivel general de avance del 51.66%, considerado dentro del rango apreciable en la clasificación propuesta por este índice. Los componentes de la GRD con el puntaje más alto en el Perú con: "preparativos para la respuesta", (70% de cumplimiento), ubicado en el rango "appreciable"; y "marco general de la gobernabilidad" (75%), ubicado en el rango "notable"; este ultimo representa el efecto inmediato de la adopción del nuevo marco normativo del SINAGERD. En relación con los demás ámbitos de la GRD que se analizan en el iGOPP, el Peru presenta un nivel apreciable de condiciones de gobernabilidad en los componentes de "identificación y conocimiento del riesgo" y en "reducción del riesgo" (47% y 58% de cumplimiento, respectivamente) e incipiente en los procesos de "planificación de la recuperación post-desastre" (22%) y de "protección financier" (37%). Por otro lado, el análisis general desde la dimensión de las fases de la política pública muestra avances apreciables para las fases "coordinación y articulación central de la política" (62%); "definición de responsabilidades sectoriales" (58%) y "definición de responsabilidades territoriales" (63%). La única fase de política pública ubicada en el nivel incipiente fue la de "control, rendición de cuentas y participación" (37%) y "evidencias de progreso en la implementación" (38%).