La violencia en Colombia: Dimensionamiento y politicas de control
Date
Dec 1998
"Incierto era ayer el nœmero de victimas que dejaron las incursiones de un grupo de autodefensas en Mapiripán (Meta). Aunque en el casco urbano fueron hallados tres cuerpos sin cabezas y otros dos que no fueron identificados, los pobladores aseguran que cerca de 30 personas fueron sacadas de sus casas, mutiladas y arrojadas a las aguas del río Guaviare. Según los habitantes, el grupo armado comenzó a matar a sus víctimas el martes y terminó el domingo. A las 8 de la noche, obligaba a apagar la planta eléctrica que le suministra la luz a todo el pueblo. "Sacaban a la gente de sus casas y amanecían muertos. Nunca se escucharon tiros, porque los degollaban", dijo un poblador. Esta incursión generó un éxodo de campesinos. El domingo, por avión, salieron de Mapiripán cerca de 200 personas. .. Hasta el juez promiscuo municipal tuvo que salir de la región. El era la única representación de la justicia en dicho municipio, porque de la policía lo único que quedan son las ruinas de una estación llena de maleza, que fue abandonada el 16 de enero de 1995, tras un ataque guerrillero". Este incidente, casi rutinario para la prensa colombiana , presenta varias facetas de la violencia colombiana que se pretenden destacar con este trabajo. Ilustra la incertidumbre acerca de la magnitud de la violencia. Muestra que en el país ya se está perdiendo la capacidad para contar los muertos. Sugiere que una fracción importante y creciente del fenómeno no encaja dentro del diagnóstico tradicional, el de una violencia urbana, ajena a los grupos armados y producto de la intolerancia. Señala un impacto devastador y cada vez más difícil de cuantificar, resaltando que los esfuerzos contra la violencia no se deben sustentar en análisis beneficio-costo. Pone de presente la total ausencia de autoridad estatal en algunas regiones en donde quienes mandan son los grupos armados ilegales. Señala, en particular, la fragilidad de la justicia penal ante la violencia ejercida por los dictadores locales. Resalta las limitaciones de las políticas preventivas basadas en un mayor gasto público, sobretodo mientras el estado colombiano no recupere la autoridad y el monopolio de la coerción. Destaca la prioridad que debe recibir la tarea estatal de administrar justicia y sancionar a los homicidas.